Elevamos en algunos medios locales la siguiente columna de opinión, respecto de la expropiación de Vicentin.
“La expropiación por causa de utilidad pública se encuentra establecida en nuestra Constitución Nacional, precisamente en su art. 17; quien se oponga dogmáticamente, no está respetando lo establecido en ella, y por ende, no respeta la República, ni la Democracia, ya que la utilidad pública se define por el orden democrático.
La expropiación como instrumento que defiende los intereses colectivos de la comunidad es muy frecuentemente utilizado, por ejemplo cuando se debe planificar una nueva ruta, se debe expropiar su trazo; también se puede utilizar cuando una empresa que quiebra deja a cientos de trabajadores desempleados, como fue por ejemplo con Cerámicos Zanón en Neuquén o con el Hotel Bauen en Ciudad Autónoma.
Sin ir tan lejos, en nuestro General Villegas, Colonia La Belita fue producto de una expropiación, y no podría decirse que “no funcionó”, como tampoco a nadie se le ocurrió decir que fue un “ataque al derecho a la propiedad privada”.
Vemos en estos días recientes, una crispación innecesaria de un sector liberal del campo; que prácticamente y con una connotación de otras latitudes, equiparan expropiar a “confiscar”, a “robar”; confiscar está prohibido, es cuando el Estado toma sin indemnizar, esa es la “idea” que estos sectores crispados pretenden comunicar a la media, para ganarse la empatía de quien entiende lo que es “un robo”, pero no, en un robo el ladrón no te compra lo que te está robando, por ende, están crispando a la sociedad con falacias, con el solo objeto de hacer política; porque la expropiación en sí, es otra cosa, una herramienta de rango Constitucional que defiende los intereses colectivos, que indemniza previamente y con un valor justo.
En el caso de Vicentin, tenemos 6.000 trabajadores boyando, más de 2600 acreedores, cerca de $50.000.000 de pesos solo a acreedores de nuestro distrito; cuya “propiedad privada” fue sumamente violada, porque lo que ocurrió aquí, no fue un negoció que salió mal según el riesgo habitual del mercado, sino que hay serias sospechas de maniobras fraudulentas.
Vicentin venía de 4 años de fuerte crecimiento, estamos hablando de una gran agroexportadora y líder en producción de alimento en la Argentina, que al finalizar el gobierno de Mauricio Macri, anuncia cesación de pagos.
Pasó de la mejor calificación crediticia 1, a la peor 4, sin calificaciones intermedias, el Banco Nación, propiedad pública de todos los Argentinos, concentra el 80 por ciento de la deuda financiera, 11 Bancos Nacionales resultan ser acreedores.
El crédito otorgado Javier González Fraga durante el gobierno de Mauricio Macri, violó las normas para la otorgación de créditos del propio Banco; incluso 26 autorizaciones de crédito otorgados fueron en el mes de noviembre de 2019, recordemos que Vicentin aportó en las elecciones de 2015, 2017 y 2019, a Macri unos 24 millones de pesos.
Parte de los préstamos se utilizaron para financiar exportaciones a sus propias filiales en el Uruguay, Paraguay, Brasil y España. Que comúnmente es el mecanismo para fugar capital. En 2001 apareció en el puesto 36 por fugar 135 millones de dólares. Y se suman sospechas de evasión, y hasta contrabando agravado.
La deuda acumulada es superior a los mil millones de dólares, dejando poco margen a un acuerdo con los acreedores, lo cual pone a la empresa en riesgo de quiebra.
Muchos de los acreedores que se presentaron al concurso fueron los responsables de las maniobras para insolventar la empresa; habría que preguntarse, ¿Dónde quedará la voluntad y la propiedad privada de los pequeños acreedores de General Villegas cuando un acuerdo mayoritario de acreedores le imponga un acuerdo desfavorable?; Lo que acepta más del 66% se impone al resto según nuestra ley de quiebras, estén o no de acuerdo con la oferta.
Y en caso de quiebra, ¿Le conviene a la Argentina que una megaempresa nacional pase a manos extranjeras?, En danza estaban la francesa Dreyfus, la suiza Glencore y a la norteamericana Cargill.
El principal ingreso de dólares que el país necesita, quedaría controlado en su disponibilidad por una potencia extranjera, que ironía utilizar la celeste y blanca para defender eso.
La Argentina necesita, como lo tenía antes, volver a tener control e información veraz sobre el principal flujo de dólares que ingresa al país, es decir quitarle a los especuladores la capacidad de provocar una escasez de divisas en su propio beneficio para forzar una devaluación.
Control clave para el control cambiario, en un momento crítico para la economía, cuando justamente vuelven a presionar para otra devaluación, sin importarles que la misma nos pueda conducir a una hiperinflación, con todo el daño que eso le produciría a la comunidad. Además que la medida permitiría sentar las bases para la soberanía alimentaria.
El comercio de granos es un mercado agrícola que está concentrado, con una intermediación confusa y extranjerización creciente. Ese sector exportador requiere de la presencia de una empresa de la comunidad, que no se preste a los acuerdos oligopólicos que perjudican tanto a la comunidad como a los pequeños productores.
Más allá de la herramienta que se utilice, se expropiación, sea intervención o rescate; la medida es necesaria según el gobierno, para defender los intereses de todos y todas, y cuenta con el respaldo de los trabajadores y trabajadoras en cuestión, cooperativas y productores, el Presidente de la Sociedad Rural de Córdoba afirmó que Vicentin «dejó un pagadiós y se burló de los productores» manifestándose a favor de la medida; el dirigente rural Eduardo Buzzi, que fue uno de los principales opositores en su momento con la 125, sale a manifestarse a favor de la medida.
Por ello no es “el campo” el que se opone a la medida sobre Vicentin, sino el campo liberal y vinculado a Juntos por el cambio.
Firman: Alejandro Balbi (PCCE – Frente Todos), Raúl E. Martínez (Frente Todos), Inés Gisbert (Peronismo 26 de Julio – Frente Todos)”
