El ascensor social roto

la universidad de unos pocos y la ilusión meritocrática en el interior

El mito de la movilidad social ascendente en Argentina no solo se estancó; se desbarrancó por completo. La vieja promesa de “M’hijo el doctor” —ese relato fundacional de la clase media argentina que aseguraba que el esfuerzo y el estudio garantizaban un futuro digno— hoy es una ficción de consumo nostálgico. En la práctica, el ascensor social está roto, los cables están cortados y la meritocracia es el sedante con el que la clase empresarial justifica sus privilegios.

Las frías estadísticas del desamparo estructural revelan que apenas el 14% de la población argentina cuenta con un título universitario o terciario. Esta cifra dinamita el relato biempensante de la “universidad masiva”. En un país con un sistema universitario público, laico y gratuito —orgullo histórico de la región—, el acceso real a las aulas sigue siendo un privilegio de clase.

La universidad “pública” para la clase pudiente

Como bien explicaban los sociólogos franceses Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron en su obra cumbre Los Herederos, el sistema educativo suele funcionar como un mecanismo de reproducción social y no de liberación. La gratuidad de la matrícula es una condición necesaria, pero absolutamente insuficiente. La universidad termina siendo “pública” solo para quienes pueden financiar el costo de vida que implica estudiar.

Para una familia de General Villegas o de cualquier pueblo del interior bonaerense, mandar a un hijo a estudiar a Buenos Aires, La Plata o Rosario es una quimera económica. Implica costear:

  • Alquileres dolarizados o indexados de forma asfixiante.
  • Tarifas de servicios públicos desreguladas.
  • El costo básico de la canasta alimentaria estudiantil.
  • Materiales de estudio y transporte.

El filtro no es académico, es de bolsillo. La universidad pública se financia con el IVA de los fideos que paga el trabajador informal, pero la terminan usufructuando predominantemente los hijos de la clase acomodada urbana, quienes ya ingresan al sistema con un capital cultural y económico de base. El hijo del peón rural o del empleado de comercio local queda confinado a la periferia de la oportunidad.

La geografía del privilegio y la devaluación del título

Supongamos que, mediante un esfuerzo sobrehumano, un joven del interior logra graduarse y regresa a su localidad. Allí se topa con otra pared de hormigón: la falta de capital social. Como planteaba Bourdieu, el éxito laboral no depende únicamente de las competencias técnicas adquiridas (capital cultural), sino de la red de relaciones, los contactos y los apellidos (capital social).

En ciudades intermedias del interior agrario, el mercado profesional está fuertemente cartelizado por las dinámicas de poder local. El profesional recién recibido que no pertenece a las familias tradicionales, que no hereda un estudio jurídico, contable o una clínica, arranca la carrera varios kilómetros atrás. Las oportunidades más lucrativas se reparten en mesas de café cerradas, donde el mérito se mide en la libreta de casamientos o en la genealogía local.

A esto se suma un fenómeno global que el sociólogo Robert Castel denominó la “precarización de los estables”. Los salarios de los profesionales en Argentina se han pulverizado. Poseer un título universitario ya no te salva de la pobreza; apenas te convierte en un asalariado cualificado que corre detrás de la inflación. La proletarización de la clase médica, de los ingenieros, de los docentes y de los contadores es un hecho consumado.

El empresariado y la cultura de la servidumbre

Esta devaluación profesional es música para los oídos del empresariado local y nacional. La burguesía comercial y agropecuaria argentina ha profundizado una matriz de acumulación basada en la precarización y el desprecio por los derechos laborales. El empleador promedio confunde el pago de un salario con la compra de la dignidad y el tiempo absoluto del trabajador.

Bajo la bandera de la “polivalencia laboral” o la “flexibilidad”, se esconde lisa y llanamente el “negreo”. Se exigen guardias no remuneradas, disponibilidad absoluta vía WhatsApp fuera del horario laboral y la realización de tareas que exceden la contratación original. El patrón opera bajo la lógica que el filósofo Byung-Chul Han describe en La sociedad del cansancio: ha logrado que el trabajador se autoexplote en nombre del “rendimiento”, bajo la constante amenaza velada de que “afuera hay una fila de desocupados esperando tu puesto”.

Esta asimetría de poder no es un exceso individual de un jefe malvado; es una estrategia estructural de la clase empresarial para disciplinar a la fuerza laboral y maximizar los márgenes de ganancia a costa del bienestar de la comunidad.

La urgencia de romper el aislamiento

Desde la perspectiva de General Villegas, la desconexión entre la riqueza que produce la tierra y las condiciones de vida y desarrollo de su juventud profesional es obscena. Mientras el capital concentrado fuga las rentas extraordinarias, los jóvenes locales se enfrentan al dilema de la migración definitiva o la sumisión al régimen laboral imperante.

Es imperativo desmontar el discurso meritocrático que culpa al individuo de su propia exclusión. Si el 86% de la población no alcanza la educación superior, el problema no es la falta de voluntad; es el sistema económico que requiere de esa exclusión para sostener sus privilegios de clase. El ascensor social no se rompió por accidente; lo rompieron quienes se benefician de mantener a los de abajo en el subsuelo.

– Por Michael Boero, Docente, ADE y Militante