La historia de la organización de los servicios de salud en la Argentina puede entenderse como una dinámica de avances y retrocesos hacia un sistema integrado, cuyo resultado es la complejidad y la fragmentación con tres subsistemas: público, privado y de la seguridad social. El sistema público cuenta con una amplia red de efectores presentes en todo el territorio nacional, con una infraestructura provincial (en varias provincias también municipal); la seguridad social tiene un amplio abanico de instituciones de diferente tamaño y complejidad que brinda servicios básicamente a través de compra a prestadores privados. Este último subsector, ha ingresado también a través de lo que se denominan empresas de medicina prepaga.
En diciembre pasado, Cristina señaló “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos. La pandemia nos dio la oportunidad de reformular el sistema de salud en tiempo récord, pero es necesario hacer un esfuerzo diferente”, y lanzó a la palestra un tema que se viene discutiendo hace décadas. Sin ir más lejos, en su campaña presidencial en 2007, llevaba en su plataforma algunas de estas ideas, como una ley de salud que dotara de mayor integración al sistema, universalizara la cobertura y otorgara una mayor envergadura a la Atención Primaria.
Esta histórica demanda por cobertura y acceso universal a los servicios de salud se contrapone a subsectores fuertemente posicionados y con gran poder de lobby. Desde la década del 60 se propician reformas de los sistemas de salud desde los Organismos Internacionales, que van en el camino inverso a la propuesta de un sistema universal e integrado. El denominado Complejo Médico Industrial (CMI) norteamericano se apropiaba en el 2014 del 17,2 % del PBI de ese país, lo que representaba una masa monetaria superior a todo el PBI de Brasil. Este complejo influye en forma diferenciada sobre cada subsector marcando el ritmo, especialmente del subsector privado en nuestro país.
Lo que Cristina propone (junto al grupo de sanitaristas del Instituto Patria) es marchar hacia un sistema nacional integrado de salud, que se corresponda con el principio de salud como derecho, acceso igualitario y equitativo. Un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional. Con municipios involucrados en la construcción de un primer nivel de atención, provincias coordinando servicios e infraestructura de complejidad creciente y fuerte participación de las comunidades.
Para esto, se debe dotar de un rol central del Ministerio de Salud Nacional que ejerza rectoría, construya soberanía sanitaria y cuente con instrumentos que garanticen el derecho a la salud. Lo que requiere de un marco normativo a través de una Ley Nacional de Salud, que establezca al sistema integrado como estructura que comprenda a todas las jurisdicciones y subsectores. Se proponen, también, implementar una política de medicamentos de producción pública, con fuerte acento en el descenso del gasto y el desarrollo del poder de compra estatal a nivel nacional y regional.
Los sistemas de salud que mejores resultados han dado se basan en la integración de sus sistemas y en una organización de alta intensidad de participación de trabajadores, en contraposición con sistemas organizados principalmente alrededor de la tecnología, súper-especializados, más caros, con un débil desarrollo del Primer Nivel de Atención. Este es el nicho que oferta, junto con la hotelería y diversos servicios, el sector privado.
En nuestro país, el gobierno del Frente de Todxs recibió un sistema de salud abandonado y una crisis económica sin parangón. En ese contexto y en cuestión de meses tuvo que abocarse a fortalecerlo y recuperarlo. Surge a partir de esta experiencia la necesidad de impulsar un sistema de salud, un modelo de atención y de producción de conocimiento y de desarrollo de la industria de la salud que ponga en el centro a la salud como derecho acorde a la construcción de un país más justo y equitativo.
El gobierno del Frente de Todxs recibió un sistema de salud abandonado y una crisis económica sin parangón. En ese contexto y en cuestión de meses tuvo que abocarse a fortalecerlo y recuperarlo. Surge a partir de esta experiencia la necesidad de impulsar un sistema sanitario que ponga en el centro a la salud como derecho acorde a la construcción de un país más justo y equitativo.
A partir de la pandemia desatada por la COVID-19, se hizo evidente la fragilidad de distintos sistemas de salud, que fueron cayendo como fichas de dominó. Las políticas neoliberales dejaron huellas profundas aun en aquellas naciones desarrolladas de Europa con una historia importante en la cobertura universal de la salud. Así, en la emergencia, las distintas formas de organizar los sistemas de atención de los procesos de salud-enfermedad entraron en la discusión pública.
- El sistema de salud argentino contaba, en 2017, con 17.485 establecimientos asistenciales incluyendo los de gestión pública, de la seguridad social y del sector privado. 14.534 establecimientos sin internación, de los cuales 6.456 son del subsector público (45%) y 3.311 establecimientos con internación, de los cuales 1.271 son del subsector público (38%). Lo que resulta en 4,5 camas cada 1,000 habitantes.
- El porcentaje de personas que se atienden en la salud pública en todo el país esconde importantes desigualdades. En Chubut, Tierra del Fuego y CABA la población que no tiene cobertura es menos del 30%. En Chaco, Formosa y Santiago del Estero es del 50% y más. En promedio, de cada 10 personas de la población, casi 6 están afiliadas a una obra social, menos de 1 a empresas de medicina prepaga (de forma directa o vía obra social) y 3 no están afiliadas a ningún sistema.
- Se destinan anualmente 658 dólares por habitante para la atención de la salud, la cifra es una de las más altas de América Latina y llega a triplicar la de países con un grado de desarrollo económico similar. El gasto en salud equivale a un 10% del PBI. Es el más elevado de América Latina, con niveles casi similares a los países desarrollados. El gasto público y de la seguridad social representa el 5,28% del PBI. Ese porcentaje se desglosa en 2,19 % de gasto público y 3,09% del gasto de la seguridad social.
- La distribución del gasto según subsectores es la siguiente: 27% al público (financiados por las jurisdicciones con fondos obtenidos del cobro de impuestos). 6% a las prepagas (pago directo de sus asociados y/o contratos con las obras sociales). 37% a obras sociales y PAMI (financian, con los fondos de los sindicatos, aportes de los trabajadores y empleadores). 30% del bolsillo (es el que las personas pagan directamente de su bolsillo).
- En diciembre pasado, Cristina señaló que “tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos. La pandemia nos dio la oportunidad de reformular el sistema de salud en tiempo récord, pero es necesario hacer un esfuerzo diferente”, y lanzó a la palestra un tema que se viene discutiendo hace décadas. Sin ir más lejos, en su campaña presidencial en 2007, llevaba en su plataforma algunas de estas ideas, como una ley de salud que dotara de mayor integración al sistema, universalizara la cobertura y otorgara una mayor envergadura a la Atención Primaria.
- La histórica demanda por cobertura y acceso universal a los servicios de salud se contrapone a subsectores fuertemente posicionados y con gran poder de lobby. Desde la década del 60 se propician reformas de los sistemas de salud desde los Organismos Internacionales, que van en el camino inverso a la propuesta de un sistema universal e integrado. El denominado Complejo Médico Industrial (CMI) norteamericano se apropiaba en el 2014 del 17,2 % del PBI de ese país, lo que representaba una masa monetaria superior a todo el PBI de Brasil.
- Los sistemas de salud que mejores resultados han dado se basan en la integración de sus sistemas y en una organización de alta intensidad de participación de trabajadores, en contraposición con sistemas organizados principalmente alrededor de la tecnología, súper-especializados, más caros, con un débil desarrollo del Primer Nivel de Atención. Este es el nicho que oferta, junto con la hotelería y diversos servicios, el sector privado.
- Las obras sociales sindicales, provinciales y el PAMI, aportan cobertura a alrededor de 22 millones de personas, según estadísticas de la Superintendencia de Servicios de Salud. Según datos del Censo de 2010, el 36% de la población no tiene cobertura médica, seguridad social (PAMI y obras sociales sindicales) ni capacidad para pagar atención privada. Se atiende en hospitales y centros públicos.
