Los intereses del pueblo como prioridad

Argentina continúa negociando un acuerdo de deuda que sea favorable a los intereses del país. Alargar los plazos para poder crecer y recuperar salarios es la clave de las negociaciones.

No es una novedad que el anterior gobierno tomó el préstamo más grande de la historia del país y asumió compromisos claramente incumplibles. El acuerdo del macrismo con el FMI fue un claro fraude contra el Estado y contra el pueblo argentino en su totalidad, no solo porque perjudicó los intereses nacionales, sino porque además se firmó violando los mismísimos estatutos del Fondo, que prohíben que el dinero girado sea utilizado para hacer frente a un proceso de fuga de capitales, como de hecho sucedió durante el régimen macrista. Entre mediados de 2018 hasta fines de 2019 el monto total desembolsado por el FMI fue de 45.500 millones de dólares, mientras que la fuga de capitales en ese mismo lapso, en el que se derrumbaban salarios y jubilaciones, fue de 45.100 millones de dólares. Esta estafa al pueblo argentino sirvió solamente para sostener la bicicleta financiera y evitar aplicar los necesarios controles de cambio que requería la situación. Así el macrismo buscaba ganar las elecciones de 2019 evitando un estallido económico previo a terminar su mandato. Por eso el FMI fue también, junto con Cambiemos, coparticipe de la estafa y del potencial default en el que estamos inmersos hoy. Este es uno de los principales argumentos en la mesa de negociaciones.

Si bien los mayores vencimientos de deuda son en 2022 y 2023 (cerca de 38.000 millones de dólares) Argentina tiene que pagar este año 4.700 millones de dólares al FMI y otros 2.400 millones de dólares al Club de París. No pagarlos sería entrar en default, sin embargo, el gobierno está buscando que estos montos entren dentro de la renegociación, en especial para evitar pagos de esa magnitud en plena pandemia. La gira de Alberto Fernández por Europa fue clave para las negociaciones ya que recibió el apoyo de varios países de peso, tanto dentro del FMI como del Club de París: España, Italia, Portugal, Francia y Alemania (este último de forma virtual). También recibió un importante respaldo del Papa Francisco, un jugador de peso en estas discusiones.

El gobierno está buscando llegar a un acuerdo de pagos, no solo bajando intereses, sino también alargando los plazos lo más que se pueda (por lo menos 20 años y un período de gracia hasta 2025). Como dijo Néstor Kirchner en su momento: “los muertos no pagan”, y en las actuales circunstancias de crisis global, sumada a la crisis heredada por el macrismo, nuestro pueblo no está en condiciones de hacer más sacrificios. Lo que se busca desde el Frente de Todos es poder salir rápidamente de la pandemia, mediante la exitosa campaña de vacunación que estamos teniendo, y así poder despegar económicamente. Esa es la única posibilidad de poder pagar la deuda, por eso los plazos son la clave de las negociaciones. No pagar sería mejor que un mal acuerdo, pero las consecuencias de un default traerían otra serie de complicaciones difíciles de sortear. La idea es llegar a un buen acuerdo que sea favorable a la recuperación económica del país, en especial del salario de la clase trabajadora que viene en caída desde hace casi cinco años en términos reales. “Lo que estamos previendo es ayudar a nuestro gobierno para que tenga todos los elementos a su favor, para que cuando se siente a negociar, negocie pensando, además de en el equilibrio fiscal, comercial y pagando las deudas, piense en el equilibrio social”, manifestó el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, en una sesión del Senado días atrás.

Si bien el gobierno de FdT pudo detener la fuga masiva de capitales del macrismo, logró que la industria supere los niveles de 2019 y comenzó a recuperar reservas genuinas del Banco Central (BCRA), los efectos de la pandemia en la economía fueron fatales, y por lo tanto también en los indicadores sociales (sumando el arrastre del macrismo). A pesar de las medidas de contención como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), los créditos a tasa 0, la suspensión de aumentos en alquileres y tarifas de servicios públicos, entre otros; la pobreza y la indigencia aumentaron fuertemente durante 2020, aunque no así tanto la desocupación. Por eso la importancia de plantarse ante el FMI y el Club de París y llegar a un acuerdo de pagos sin ajustes y que permita una acelerada recuperación económica como la que tuvimos durante la década ganada kirchnerista.

Este año, además, el país recibirá unos 4.300 millones de dólares por parte del FMI en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG), esto es, un porcentaje del dinero que el Fondo reparte a sus países miembros, es decir, aquellos que sostienen la institución. A Argentina le corresponde el 0,7% del mismo. A diferencia de una toma de deuda, el DEG es un derecho de socio, por lo que el gasto del mismo no está atado a ningún programa o negociación y se puede utilizar a discreción. Está claro que la mayoría de los países miembros lo utilizarán para sostener políticas sociales en plena crisis como consecuencia de la pandemia. Desde algunos sectores economicistas están buscando utilizar estos fondos para pagar la deuda, pero la propuesta del kirchnerismo es poder usar el DEG para inversiones sociales y respaldo a quienes más lo necesitan. Las actuales negociaciones con el FMI en cuanto a plazos y reducción de intereses deben ir por ese camino.