07La mafia judicial en nuestro país llegó al cénit de la impunidad. El “partido judicial” tuvo una de sus “plenarias” en la estancia del billonario británico Joe Lewis, en el Lago Escondido. Se sabe que asistieron:
Julián Ercolini: Juez Federal de Comodoro Py, quien instruyó la causa “Vialidad”, que concluyó con la condena a 6 años contra CFK. Fue quien arremetió contra el Grupo Indalo, detuvo a sus accionistas Cristóbal López y De Sousa, un “castigo ejemplar” por permitir otra campana en los medios de comunicación. Sobreseyó a Héctor Magnetto, a Bartolomé Mitre y a Ernestina Herrera en la causa por Papel Prensa, porque “no encontró” que la venta de las acciones en 1976 haya sido parte de los delitos de lesa humanidad.
Carlos Mahiques: Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal en materia penal del país. También fue Ministro de Justicia de Vidal. Intervino a favor de Joe Lewis en causas relacionadas a la usurpación de Lago Escondido, morada de la comitiva turística.
Juan Bautista Mahiques: es hijo del camarista de Casación y fue el representante del macrismo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Actualmente, es el jefe de los fiscales de la Ciudad.
Pablo Cayssials: otro Juez Federal, clave en el acoso institucional y posterior renuncia de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, nombrada por el kirchnerismo. Anuló la adecuación obligatoria del Grupo Clarín a la ley de comunicación audiovisual; permitió a Marcos Peña Braun utilizar la base de datos de la Anses para sus comunicaciones publicitarias; declaró inconstitucional la gratuidad universitaria y el ingreso irrestricto y convalidó el aumento del 300% en las tarifas del agua. Fue uno de los jueces del fuero contencioso administrativo que ordenaron al Banco Central la venta de dólares al precio oficial para importaciones que el Poder Ejecutivo no había autorizado.
Pablo Casey: sobrino de Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom (Grupo Clarín), junto a Jorge Rendo, director de asuntos exteriores del grupo.
Pablo Yadarola: Juez del fuero Penal Económico, también coordina con organismos de los Estados Unidos.
Marcelo D’Alessandro: Fue diputado nacional por el PRO, luego asumió como Ministro de Justicia y Seguridad de Larreta. A él le hackearon el chat de Telegram que salió a la luz, y que demostró los términos y la virulencia con que confabulan estos actores.
Tomas Reinke: presidente de la empresa Mediabit SA, especializada en el diseño y ejecución de campañas digitales, posiblemente asistió para los lineamientos electorales del 2023.
Leonardo Bergroth: señalado como ex director de Asuntos Legales de la SIDE.
Éstos son los que llegaron por aire y que, ante las filtraciones, intentaron taparlo, armar una versión alternativa, truchar facturas, apretar a la fiscal de Bariloche, ocultar el financiamiento de Clarín, etc. Pero unos cuantos más pudieron haber llegado por otros medios.
Lo que está claro, clarísimo, más claro que las aguas de Varadero -diría Fidel- es el objetivo político de ésta mafia judicial, la fuerza de choque del macrismo y de Clarín. Es un hecho institucional gravísimo que, como manifestó Cristina, “si fuese a la inversa estaríamos todos presos”.
Operadores judiciales y mediáticos, junto a jueces federales macristas, se reúnen no para un “retiro espiritual” sino para coordinar el lawfare, cuyos lineamientos generales se verifican en sus acciones, ahora expuestas a cielo abierto: ir contra aquellos dirigentes indisciplinados frente al poder real, cuyo principal blanco es Cristina. Pero también para garantizar que Mauricio Macri siga impune en los expedientes en que está imputado.
Para dimensionar, vale recordar el martilleo continuo de los medios cuando decían que el Juez Sebastián Casanello había visitado a Cristina en Olivos. Pero cuando se filtran conversaciones de los jueces federales del macrismo amenazando a funcionarios con prácticas de tortura de la dictadura, planeando delitos de falsificación, amedrentamiento, etc., no pasa nada gracias a un blindaje mediático monumental. La cadena nacional que realizó Alberto Fernández resulta insuficiente si no se acompaña con medidas de acción concretas. El problema de la mafia judicial posiblemente no sea el más grave, pero sí es el primero que hay que resolver, ya que es la llave de ingreso para resolver todo lo demás.
